La Ley de Movilidad Sostenible marca un antes y un después en la forma de entender el transporte en España. Esta normativa establece un nuevo marco para impulsar desplazamientos más eficientes, accesibles y respetuosos con el medioambiente, con importantes implicaciones para ciudadanos, administraciones públicas y empresas.
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ToggleLa Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, entró en vigor el 5 de diciembre de 2025 y durante 2026 comienza a traducirse en nuevas obligaciones y medidas concretas. Entre sus principales novedades destacan la obligación de determinadas empresas de elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).
Pero ¿qué establece exactamente la nueva ley de movilidad sostenible? ¿Qué empresas deben adaptarse? ¿Cómo afecta a los vehículos eléctricos y qué sanciones contempla su incumplimiento?
En esta guía actualizada a 2026 analizamos los principales cambios de la normativa y las medidas que empresas y ciudadanos deben conocer para adaptarse al nuevo modelo de movilidad en España.
¿Qué es la Ley de Movilidad Sostenible?
La Ley de Movilidad Sostenible es la normativa española que establece las bases para desarrollar un sistema de transporte más sostenible, seguro, accesible, eficiente y conectado.
Su finalidad es transformar el modelo de movilidad actual, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo alternativas de transporte que permitan disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de vida de las personas.
Una de sus principales novedades es el reconocimiento de la movilidad sostenible como un derecho de la ciudadanía. Esto implica que las administraciones públicas deben trabajar para facilitar el acceso a servicios de transporte adecuados, independientemente del lugar de residencia, la edad, la situación económica o las condiciones personales.
La ley también establece un marco común para coordinar las políticas de movilidad del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En este contexto, la normativa se apoya en varios principios fundamentales:
Sostenibilidad ambiental: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación atmosférica y el ruido asociado al transporte.
Accesibilidad universal: facilitar los desplazamientos de todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida.
Eficiencia energética: impulsar medios de transporte que consuman menos energía y aprovechen mejor los recursos.
Innovación y digitalización: incorporar nuevas tecnologías para optimizar la planificación y gestión del transporte.
Cohesión territorial: mejorar las conexiones entre ciudades, municipios y zonas rurales, evitando desigualdades en el acceso a la movilidad.
La Ley de Movilidad Sostenible se integra en los objetivos de descarbonización de España y en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, promoviendo una transición hacia un sistema de transporte menos contaminante y más eficiente.
¿Cuáles son los principales objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible?
La nueva Ley de Movilidad Sostenible persigue transformar el sistema de transporte español para responder a los retos medioambientales, económicos y sociales de los próximos años.
Sus objetivos principales son los siguientes:
- Reducir las emisiones contaminantes del transporte. Favorecer la descarbonización del sector mediante la electrificación, la eficiencia energética y alternativas de movilidad menos contaminantes.
- Impulsar el transporte público y colectivo. Mejorar la oferta, accesibilidad e integración de autobuses, trenes y otros medios de transporte público para reducir la dependencia del vehículo privado.
- Fomentar la movilidad activa. Facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta mediante infraestructuras más seguras y adecuadas.
- Promover el vehículo eléctrico. Favorecer la movilidad de cero emisiones y el desarrollo de soluciones e infraestructuras de recarga.
- Mejorar la movilidad en las empresas. Reducir el impacto ambiental de los desplazamientos laborales mediante la implantación de Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo.
- Garantizar una movilidad accesible e inclusiva. Facilitar el acceso al transporte a las personas con discapacidad, mayores y habitantes de zonas rurales o con menor cobertura de transporte público.
- Impulsar la digitalización del transporte. Utilizar herramientas tecnológicas y datos de movilidad para mejorar la planificación, coordinación y eficiencia de los servicios.
- Incrementar la seguridad vial. Fomentar desplazamientos más seguros, tanto en el ámbito urbano como en los trayectos interurbanos y laborales.
- Favorecer una logística más sostenible. Mejorar la eficiencia del transporte de mercancías y promover soluciones que reduzcan las emisiones y la congestión.
En conjunto, estos objetivos buscan que la movilidad sostenible deje de ser una iniciativa aislada para convertirse en un elemento central de la planificación urbana, la actividad empresarial y las políticas de transporte.
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¿A quién afecta la nueva Ley de Movilidad Sostenible?
La Ley de Movilidad Sostenible tiene un alcance nacional y afecta a diferentes agentes, aunque las obligaciones específicas varían en función de su actividad, tamaño y competencias.
| Colectivo | Principales implicaciones |
| Ciudadanos | Mejoras en accesibilidad, alternativas de transporte, movilidad activa y servicios públicos. |
| Empresas y centros de trabajo | Elaboración de PMST cuando se alcancen los umbrales legales. |
| Administraciones públicas | Planificación, coordinación y seguimiento de políticas de movilidad sostenible. |
| Ayuntamientos | Desarrollo de planes de movilidad y medidas de transporte urbano según los requisitos aplicables. |
| Operadores de transporte | Nuevas exigencias de sostenibilidad, información, digitalización y eficiencia. |
| Empresas de transporte y logística | Impulso de la descarbonización, la eficiencia energética y la gestión de emisiones. |
Uno de los cambios más relevantes se produce en el ámbito empresarial.
La ley establece que los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o con 100 por turno deben contar con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo, en los términos previstos por su artículo 26.
Esta obligación afecta tanto a empresas privadas como a las entidades públicas incluidas en su ámbito de aplicación.
Por otro lado, la normativa también contempla instrumentos específicos para grandes centros de actividad, como determinados complejos empresariales, instalaciones o espacios con una elevada concentración de desplazamientos.
Por tanto, aunque la Ley de Movilidad Sostenible afecta al conjunto de la sociedad, no todas las personas o empresas deben adoptar las mismas medidas ni cumplir idénticos requisitos.
¿Qué cambia con la Ley de Movilidad Sostenible?
La entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible introduce cambios que van más allá de la reducción de emisiones. La normativa influye en la planificación de las ciudades, las infraestructuras, el transporte público, la movilidad empresarial y las nuevas tecnologías aplicadas al transporte.
Estos son los principales ámbitos en los que tendrá impacto:
1. Movilidad urbana y planificación de las ciudades.
Los ayuntamientos adquieren un papel importante en el desarrollo de políticas que favorezcan desplazamientos sostenibles.
La ley establece que los municipios de más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes deben contar con un plan de movilidad sostenible simplificado, sin perjuicio de otras obligaciones establecidas por la normativa vigente.
Estos planes deberán contemplar medidas para mejorar la movilidad urbana y ordenar la distribución de mercancías, entre otras actuaciones.
Además, las comunidades autónomas pueden ampliar determinadas exigencias a otros municipios según sus competencias.
2. Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
La Ley de Movilidad Sostenible refuerza la integración de las Zonas de Bajas Emisiones en la planificación urbana, aunque estas zonas ya estaban reguladas previamente por la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética.
Entre las novedades destaca la incorporación de objetivos anuales mínimos de implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos dentro y fuera de las ZBE.
El objetivo es facilitar la transición hacia vehículos menos contaminantes y ofrecer alternativas de movilidad adaptadas a las restricciones ambientales de cada municipio.
Es importante señalar que la nueva ley no establece una prohibición general de circular con coches de gasolina o diésel en toda España. Las restricciones concretas dependen de la normativa aplicable a cada zona.
3. Transporte público y movilidad colectiva
La normativa busca mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia del transporte público, promoviendo una mayor coordinación entre diferentes medios de transporte.
Esto incluye la integración de servicios de autobús, ferrocarril y otras alternativas de movilidad, así como mecanismos de financiación orientados a reforzar los servicios públicos.
4. Vehículos eléctricos e infraestructura de recarga
Uno de los ámbitos más relevantes es el impulso de la movilidad eléctrica.
La ley incorpora medidas para ampliar la infraestructura pública de recarga, mejorar la información disponible sobre las estaciones y facilitar el uso de vehículos eléctricos.
También promueve la instalación de puntos de recarga en determinados entornos urbanos, centros de actividad y espacios empresariales.
5. Movilidad sostenible en el ámbito laboral
La normativa introduce nuevas responsabilidades para determinadas empresas y entidades públicas.
Los centros de trabajo que superen los umbrales establecidos deberán elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, con medidas para reducir el impacto de los desplazamientos diarios.
Estos planes pueden incluir transporte colectivo, movilidad compartida, electrificación de vehículos, teletrabajo y otras iniciativas adaptadas a las características de cada organización.
6. Seguridad vial en los desplazamientos laborales
La seguridad vial adquiere mayor relevancia en la gestión de la movilidad empresarial.
Los planes deberán incorporar medidas para prevenir accidentes durante los desplazamientos hacia los centros de trabajo, así como iniciativas de formación y concienciación.
Estas medidas pueden contribuir a reducir los riesgos asociados a los trayectos de ida y vuelta del trabajo, conocidos como desplazamientos in itinere.
7. Movilidad activa: caminar y utilizar la bicicleta
La Ley de Movilidad Sostenible establece una jerarquía de movilidad que prioriza los medios de transporte más saludables y con menor impacto ambiental.
En el entorno urbano se favorece, en primer lugar, la movilidad activa, seguida del transporte público colectivo y los sistemas de alta ocupación.
Esto impulsa medidas como la mejora de los itinerarios peatonales, los carriles bici y las conexiones entre barrios, estaciones y centros de actividad.
8. Transporte de mercancías y logística sostenible
La distribución de mercancías también forma parte de los cambios contemplados por la normativa.
Se busca mejorar la eficiencia logística, reducir la congestión urbana y favorecer alternativas de transporte con menores emisiones.
Entre las soluciones que pueden desarrollarse destacan la electrificación de vehículos de reparto, la optimización de rutas, la distribución urbana de mercancías y el uso de medios como la ciclologística.
9. Digitalización y gestión de datos de movilidad
La nueva ley impulsa el uso de tecnologías digitales para mejorar la planificación del transporte y facilitar la información a los usuarios.
Una de las herramientas contempladas es el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), destinado a reunir información relevante del sistema de transporte.
Este modelo permitirá mejorar el conocimiento de los desplazamientos, apoyar las decisiones de las administraciones y facilitar el seguimiento de determinadas políticas de movilidad sostenible.
10. Accesibilidad y movilidad en zonas rurales
La normativa presta especial atención a las personas que encuentran dificultades para acceder a los servicios de transporte.
Esto incluye a personas con discapacidad o movilidad reducida y a los habitantes de municipios rurales o zonas con baja densidad de población.
El objetivo es avanzar hacia un sistema de movilidad más inclusivo, evitando que el lugar de residencia o las circunstancias personales limiten el acceso al trabajo, la educación y los servicios esenciales.
11. Descarbonización del transporte marítimo y aéreo
La Ley de Movilidad Sostenible no se limita al transporte por carretera.
También contempla medidas relacionadas con la mejora de la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía alternativas en puertos y aeropuertos.
Entre ellas se encuentran el impulso del suministro eléctrico a embarcaciones y aeronaves y la promoción de tecnologías que permitan reducir las emisiones vinculadas a estas actividades.
12. Financiación e inversiones en movilidad sostenible
La normativa crea el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO), destinado a contribuir a la financiación del transporte público y determinadas inversiones relacionadas con la movilidad sostenible.
Este instrumento busca establecer un modelo de financiación más estable, sujeto a las dotaciones presupuestarias y las condiciones de desarrollo correspondientes.
En definitiva, la Ley de Movilidad Sostenible plantea una transformación progresiva del sistema de transporte, en la que administraciones públicas, operadores y empresas desempeñan un papel fundamental.
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Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo: la nueva obligación para empresas
Uno de los cambios más importantes de la Ley de Movilidad Sostenible para las empresas es la obligación de elaborar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).
Un PMST es un instrumento de planificación que permite analizar cómo se desplazan las personas hasta un centro de trabajo y establecer medidas para que esos desplazamientos sean más seguros, eficientes y sostenibles.
Su finalidad es reducir la dependencia del vehículo privado, disminuir las emisiones asociadas al transporte y mejorar las alternativas de movilidad disponibles para empleados, proveedores y visitantes.
- ¿Qué empresas están obligadas a elaborar un PMST?
Según el artículo 26 de la Ley 9/2025, la obligación se aplica a los centros de trabajo que cumplan alguna de estas condiciones:
- Tener más de 200 personas trabajadoras cuyo centro habitual de trabajo sea dicho centro.
- Contar con 100 personas trabajadoras por turno, conforme al umbral establecido en la ley.
Estos requisitos se aplican a empresas privadas y entidades públicas incluidas en el ámbito de la normativa.
Además, los centros de alta ocupación con más de 1.000 trabajadores, situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, deben incorporar medidas específicas para reducir los desplazamientos en horas punta y favorecer la movilidad de bajas o cero emisiones.
- ¿Cuál es el plazo para presentar el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo?
FECHA LÍMITE GENERAL PARA EMPRESAS OBLIGADAS: 5 de diciembre de 2026
El Real Decreto-ley 7/2026 redujo de 24 a 12 meses el plazo de adaptación previsto inicialmente en la Ley de Movilidad Sostenible.
Por tanto, las empresas que cumplan los requisitos deberán disponer de su PMST dentro de ese plazo.
La normativa también establece que los planes deben negociarse con la representación legal de las personas trabajadoras. Cuando no exista dicha representación, deberá constituirse la comisión negociadora prevista legalmente.
Una vez aprobado el plan, la empresa tendrá que realizar un seguimiento de su implantación y elaborar un informe cada dos años.
Asimismo, los planes aprobados deben comunicarse a la autoridad competente designada por la comunidad autónoma en un plazo de tres meses, para su incorporación al EDIM.
- ¿Qué debe incluir un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo?
Un PMST debe adaptarse a las características de cada centro de trabajo. No se trata únicamente de redactar un documento, sino de identificar necesidades reales y proponer medidas que puedan implantarse y evaluarse.
Entre los principales elementos que conviene incorporar destacan:
Diagnóstico de movilidad: análisis de cómo se desplazan los empleados, los horarios, las distancias recorridas, los medios de transporte utilizados y los principales problemas detectados.
Medidas de movilidad activa: propuestas para fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta, como aparcamientos seguros, vestuarios o mejoras en los accesos.
Fomento del transporte colectivo: acuerdos de transporte, servicios lanzadera, incentivos para utilizar el transporte público o alternativas compartidas.
Movilidad eléctrica: electrificación de flotas corporativas e instalación de puntos de recarga para empleados y vehículos de empresa.
Movilidad compartida: programas de coche compartido entre trabajadores y medidas para reducir los desplazamientos individuales.
Teletrabajo y flexibilidad horaria: alternativas que permitan reducir desplazamientos innecesarios o evitar horas punta cuando la actividad lo permita.
Seguridad vial: actuaciones para prevenir accidentes durante los desplazamientos laborales.
Seguimiento y evaluación: indicadores, responsables y mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento y la eficacia de las medidas.
En emovili ayudamos a las empresas a convertir las nuevas obligaciones de movilidad sostenible en oportunidades para mejorar su eficiencia y reducir costes.
Ofrecemos un servicio integral que abarca el diagnóstico, diseño, implantación y seguimiento del plan de movilidad sostenible, adaptado a las características y necesidades de cada organización.
Nuestro enfoque combina el cumplimiento normativo con soluciones prácticas de movilidad y eficiencia energética, incluyendo la electrificación de flotas, la instalación de puntos de recarga y el análisis de oportunidades de ahorro energético.
Además, acompañamos a las empresas durante las distintas fases del proceso para facilitar la aplicación de medidas realistas y medibles.
Si necesitas profundizar en los requisitos, fases de elaboración y ventajas de estos planes, puedes consultar nuestra guía sobre el plan de movilidad sostenible para empresas.
¿Qué dice la Ley de Movilidad Sostenible sobre el coche eléctrico?
La Ley de Movilidad Sostenible impulsa el uso del coche eléctrico como una de las principales alternativas para reducir las emisiones del transporte por carretera y avanzar hacia un modelo energético más eficiente.
La normativa reconoce la electrificación como una herramienta fundamental para la descarbonización y establece diferentes medidas para facilitar su desarrollo.
Uno de los principales retos de la movilidad eléctrica en España es disponer de una red de recarga suficientemente amplia, accesible y fiable.
Para avanzar en este objetivo, la Ley de Movilidad Sostenible contempla el desarrollo de un plan estatal para el despliegue de infraestructura pública de recarga.
Entre las medidas previstas destacan:
Ampliar la disponibilidad de puntos de recarga en el territorio nacional.
Impulsar el despliegue de infraestructura de recarga en municipios pequeños y zonas con menor cobertura.
Facilitar la instalación de cargadores públicos dentro y fuera de las Zonas de Bajas Emisiones.
Mejorar la información disponible sobre la localización, características, precios y disponibilidad de los puntos de recarga.
Favorecer el desarrollo de infraestructuras capaces de atender las necesidades de vehículos ligeros y pesados.
La normativa también contempla objetivos específicos para impulsar la recarga en municipios de menos de 30.000 habitantes y zonas de baja densidad de población.
Estas medidas pretenden reducir las dificultades que todavía pueden encontrar algunos conductores para acceder a una infraestructura de recarga adecuada.
La Ley de Movilidad Sostenible también refuerza el papel de las empresas en la transición hacia vehículos de menores emisiones. A través de los PMST, las organizaciones pueden incorporar medidas relacionadas con la electrificación de sus flotas y el acceso a soluciones de recarga.
Por ejemplo, una empresa puede contemplar la instalación de cargadores en sus instalaciones, la incorporación progresiva de vehículos eléctricos o la disponibilidad de soluciones de recarga para sus trabajadores.
Estas actuaciones pueden contribuir a reducir los costes operativos asociados al combustible y mejorar la eficiencia energética de la organización.
No obstante, es importante aclarar que la ley no obliga de forma general a todas las empresas a sustituir inmediatamente sus vehículos de combustión por vehículos eléctricos, ni establece una obligación universal de instalar cargadores en cualquier centro de trabajo.
En emovili impulsamos esta transición mediante soluciones de recarga para particulares y empresas, facilitando la instalación de infraestructura y la gestión energética asociada a la movilidad eléctrica.
¿Cómo afecta la Ley de Movilidad Sostenible al transporte público?
El transporte público es uno de los principales protagonistas de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
La normativa busca que los desplazamientos colectivos se conviertan en una alternativa cada vez más eficiente y accesible frente al uso individual del vehículo privado.
Para ello, contempla medidas destinadas a mejorar la calidad de los servicios, su financiación y su integración con otros medios de transporte.
- Mejora de la financiación del transporte público
Una de las principales novedades es la creación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO).
Este instrumento permitirá contribuir a la financiación del transporte público colectivo urbano e interurbano, incluidos los servicios metropolitanos y rurales, conforme a las condiciones y disponibilidades presupuestarias correspondientes.
Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la financiación de costes operativos, las inversiones en accesibilidad y la modernización de los servicios de transporte.
- Mayor coordinación entre diferentes medios de transporte
La Ley de Movilidad Sostenible fomenta un sistema de transporte intermodal, en el que diferentes medios puedan combinarse para facilitar los desplazamientos.
Por ejemplo, busca favorecer la conexión entre servicios de autobús, tren, metro y otros sistemas de movilidad compartida o activa.
También promueve soluciones tecnológicas que mejoren la información al usuario, la planificación de rutas y los sistemas de acceso y pago.
- Transporte público más accesible
Otro de los objetivos es reducir las barreras que dificultan el acceso al transporte público.
La normativa contempla la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida y el desarrollo de soluciones adaptadas a territorios con menor cobertura.
También busca avanzar en la conexión de municipios rurales con los principales servicios de transporte, contribuyendo a reducir las desigualdades territoriales.
En conjunto, estas medidas persiguen que el transporte público sea una opción más competitiva, accesible y sostenible para los desplazamientos cotidianos.
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Sanciones por incumplir la Ley de Movilidad Sostenible
La Ley de Movilidad Sostenible contempla un régimen sancionador para determinados incumplimientos de las obligaciones establecidas en la normativa.
Las infracciones se clasifican en leves y graves, con sanciones económicas que dependen del tipo de incumplimiento y de las circunstancias de cada caso.
| Tipo de infracción | Sanción económica |
| Infracciones leves | De 101 a 2.000€ |
| Infracciones graves | De 2.001 a 6.000€ |
- ¿Qué ocurre si una empresa no tiene su PMST?
El artículo 106 de la Ley 9/2025 considera infracción leve el incumplimiento de la obligación de disponer de un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo dentro del plazo establecido, cuando dicho incumplimiento produzca un perjuicio para el sistema de movilidad.
También puede constituir una infracción leve no elaborar los informes de seguimiento exigidos, cuando se produzca ese perjuicio.
Por tanto, no debe interpretarse que cualquier retraso genera automáticamente una multa de 6.000 euros.
La cuantía y aplicación de las sanciones dependen de la conducta tipificada, su gravedad y las circunstancias previstas legalmente.
- Otros incumplimientos que pueden ser sancionados
Además de las obligaciones relacionadas con los PMST, la ley contempla infracciones en otros ámbitos.
Entre ellas se encuentran el suministro de información falsa al EDIM, la falta reiterada de entrega de datos obligatorios y determinados incumplimientos relacionados con proyectos piloto de movilidad.
En algunos de estos supuestos, la normativa establece infracciones graves.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 7/2026 contempla el reintegro de las ayudas directas reguladas por esa disposición cuando una empresa beneficiaria, estando obligada a disponer de un PMST, incumpla dicha obligación.
Esto no implica que cualquier subvención recibida por una empresa quede automáticamente sujeta a ese reintegro.
Por ello, las empresas afectadas deben prestar especial atención a los plazos de implantación, la correcta elaboración de los planes y las obligaciones de seguimiento.
Anticiparse al cumplimiento de la Ley de Movilidad Sostenible permite reducir riesgos y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades de mejora energética y operativa que ofrece la planificación de los desplazamientos laborales.
Preguntas frecuentes sobre la Ley de Movilidad Sostenible
¿La Ley de Movilidad Sostenible sustituye a las normativas autonómicas y municipales?
No. La Ley de Movilidad Sostenible establece un marco estatal que convive con las competencias y normativas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Las administraciones territoriales mantienen sus competencias para regular determinados aspectos de la movilidad, como la circulación urbana, los planes municipales, las Zonas de Bajas Emisiones o los servicios de transporte de su ámbito.
Esto significa que las empresas y los ciudadanos deben tener en cuenta tanto la legislación estatal como las disposiciones autonómicas y locales que correspondan.
Por ejemplo, una empresa puede estar sujeta a las obligaciones estatales relativas a los PMST y, al mismo tiempo, tener que cumplir requisitos adicionales establecidos por la administración competente en su territorio.
¿Qué ocurre si una empresa tiene varios centros de trabajo?
Cuando una empresa dispone de diferentes sedes, debe analizar las características y el número de personas trabajadoras de cada centro.
La obligación de elaborar un PMST se determina por los centros de trabajo que superen los umbrales establecidos en el artículo 26, y no únicamente por el número total de empleados de la compañía.
Por ejemplo, una empresa con 500 trabajadores distribuidos entre cinco centros de 100 personas cada uno no queda automáticamente obligada por el criterio de más de 200 trabajadores en un mismo centro. Sin embargo, deberá revisar también la distribución por turnos y cualquier otra disposición aplicable.
Cuando varios centros de trabajo obligados coincidan en un mismo emplazamiento, la normativa promueve mecanismos de coordinación para facilitar medidas conjuntas de movilidad sostenible.
¿Los autónomos tienen nuevas obligaciones con la Ley de Movilidad Sostenible?
La Ley de Movilidad Sostenible no establece una obligación general de elaborar un PMST para todos los autónomos.
Un profesional autónomo que trabaja individualmente, sin empleados y sin un centro de trabajo que alcance los umbrales establecidos, no está obligado a disponer de este plan por el artículo 26.
Sin embargo, si desarrolla una actividad empresarial con trabajadores y centros de trabajo que cumplen los requisitos legales, deberá analizar las obligaciones correspondientes.
Asimismo, los autónomos que desarrollen actividades de transporte o movilidad pueden estar sujetos a otras disposiciones específicas relacionadas con su actividad profesional.
