Vía emovili

Tras la entrada en vigor del Artículo 553-36, se han adoptado una serie de medidas que inciden directamente en la instalación de puntos de recarga en comunidades de vecinos en Cataluña.

“Artículo 553-36. (…)

  1. Los propietarios que se propongan hacer obras en su elemento privativo deben comunicarlo previamente a la presidencia o a la administración de la comunidad. Si la obra supone la alteración de elementos comunes, es preciso el acuerdo de la junta de propietarios. En caso de instalación de un punto de recarga individual de vehículo eléctrico, solo es preciso enviar a la presidencia o a la administración el proyecto técnico con treinta días de antelación al inicio de la obra y la certificación técnica correspondiente una vez finalizada la instalación. Dentro de este plazo la comunidad puede proponer una alternativa razonable y más adecuada a sus intereses generales. Si la instalación alternativa no se hace efectiva en el plazo de dos meses, el propietario interesado puede ejecutar la instalación que había proyectado inicialmente.”

Por otro lado, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (ITC BT 52) exige proyecto la instalación en interiores de nuevas infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico que tenga una potencia superior a 50 Kw. Es decir, para legalizar la instalación de la que hablamos no se requiere proyecto y bastaría con memoria técnica.

Estamos por tanto, ante dos normas que parecen contradictorias:

  • La autorización de la comunidad de propietarios para instalar el punto de recarga requiere proyecto técnico.
  • Y la exigencia de Industria para la instalación de un punto de recarga no requiere proyecto.

El problema viene en la interpretación que puede hacer una comunidad de propietarios de la obligatoriedad de presentar “proyecto técnico” para permitir la instalación. Es decir, qué se entiende por proyecto técnico.

  • Si la comunidad de propietarios interpreta que “proyecto técnico” es un proyecto diseñado, firmado por ingeniero y visado en el colegio correspondiente, estaría exigiendo para la instalación del punto de recarga en su garaje unos requisitos muy superiores a los exigidos por Industria y multiplicando el coste de la instalación.
  • Lo habitual, es que las comunidades de propietarios no lo interpreten así, y acepten los mismos requisitos exigidos por Industria: memoria o propuesta técnica. De otra manera, se estaría desincentivado la instalación de puntos de recarga (vía encarecimiento) cuando precisamente la ley lo que pretende precisamente es facilitar su instalación. Precisamente por eso se elimina la necesidad de celebrar junta y votación y basta con la comunicación.

Si la comunidad de propietarios no aceptara esa propuesta o memoria técnica y exigiera la elaboración de un proyecto diseñado, firmado por ingeniero y visado en el colegio a cargo del interesado, estaría vulnerando los derechos del propietario.